Lo que está en juego es mantener un sistema público de
pensiones solidario y equitativo, o que cada jubilado tenga la pensión que buenamente pueda
aportarle su familia (la rica mucho y la pobre casi nada) o haya ganado dinero
suficiente en el pasado para ahorrar.
No le añadas a las penurias de la
realidad los miedos de la imaginación. Luis Landero. El guitarrista.
A veces lo que parece hecho para evitar sobresaltos, miedos o
inquietudes, llegado el momento tiene la cualidad de provocar lo contrario. Es
lo que está ocurriendo con el Fondo de
Reserva de la Seguridad Social. La creencia popular, nada espontánea, porque
fue ampliamente difundida por los gobernantes, era que la hucha de las
pensiones, había ido engordando y nos libraría del peligro de que un día no
hubiera dinero suficiente para pagar a los jubilados.
Ahora, ese Fondo va a quedar vacío. El Gobierno del PP ha
utilizado el dinero para evitar un déficit público mayor. Y lo que antes era
motivo de tranquilidad se transforma en temor de que esto ponga en peligro las
pensiones públicas. La verdad es que ni esa hucha garantizaba pensión alguna, ni
el peligro para la Seguridad Social está en que se quede vacía. Es algo así
como pensar que el problema de un parado es que se ha tenido que gastar el
dinero que había ahorrado para las próximas vacaciones, cuando su drama es que no
tiene un empleo por el que cobrar cada mes.
El sistema de pensiones públicas se basa en que los jubilados
reciben una parte del dinero que ganan los que ahora trabajan. El peligro, por tanto, está en que trabaja
menos que gente que antes, y lo que es casi tan grave, los que tienen un empleo
ahora cobran menos. La consecuencia no hay ni que decirla: aportarán por
ello menos para costear las pensiones.
En realidad el objetivo del Fondo de Reserva de la Seguridad
Social no era asegurar el cobro de las pensiones. Fue una recomendación del
Pacto de Toledo, el acuerdo suscrito en 1995 por las fuerzas parlamentarias, sobre
el sistema de pensiones públicas. Su propósito era que, en los momentos de
recesión, hubiese dinero ahorrado, para evitar así el déficit, es decir, que
los gastos de pensiones fuesen mayores que los ingresos de la Seguridad Social,
y hubiese que endeudarse o que elevar la cotización que pagan los trabajadores.
Se puede consultar el texto de Pacto de Toledo para comprobar que es así.
Lo cierto es que el Gobierno de Rajoy ha apostado de lleno
por un modelo para salir de la crisis basado en facilitar todo lo posible el
despido de los asalariados y su sustitución, cuando esta se produce, por otros
que cobran claramente menos. Es un
modelo injusto, porque hace recaer
todo el coste de la crisis sobre los asalariados y por tanto a favor de las
empresas, que, pagando menos, aumentan su tasa de ganancia, es decir, se
llevan una porción mayor en el reparto de la riqueza del país. En cifras, los
que se incorporan a trabajar ahora, es decir, los que pagarán con sus
cotizaciones las pensiones del futuro, cobran entre un 12 y un 7 por ciento
menos que en 2008. Y lo que les está tocando es ocupar puestos de trabajadores
despedidos, que cobraban claramente más. Este modelo no ha conseguido sin
embargo una recuperación suficiente del empleo: ahora hay casi dos millones de
personas menos cotizando a la Seguridad Social que en 2008.
Ese fenómeno es lo que más pone en riesgo el sistema de
pensiones públicas actual. Más incluso que el aumento de pensionistas. Con un
alto nivel de empleo y salarios, que aumenten más que las pensiones, estas
estarán garantizadas. No sólo es el
crecimiento, imprescindible, sino el reparto justo de la riqueza el que las
hace posible.
El gobierno ha hecho un
uso inadecuado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social hasta agotarlo. Se ha fundido 57.000 millones de
euros, sólo para que, ante la Unión Europea, España presentase un déficit
menor. Sobre todo desde 2014, en que la
economía volvió a crecer y no había el argumento de la recesión para sacar
dinero de la hucha de las pensiones. Si la Seguridad Social tenía déficit era
más lógico pedir dinero prestado, emitiendo deuda. Por ella habría pagado en
2015 un 0,34 por ciento de interés, mientras que el dinero que tenía en el
Fondo de Reserva, colocado en deuda pública más antigua, rentaba a la Seguridad
Social el 1,05 por ciento. Gastándolo ha dejado de ingresar más en intereses
que lo que pagaría por los préstamos para cubrir el déficit.
Pero el vaciamiento del
Fondo de Reserva o el aumento de los pensionistas no deben servir de
instrumento para meter miedo a la gente. El paso siguiente en ese caso puede ser hacer ver a los
ciudadanos que no queda otra que restringir el actual sistema de pensiones para
poder mantenerlo.
El sistema público de pensiones constituye posiblemente el principal
procedimiento de redistribución, donde rigen principios de cierta igualdad y
estabilidad social y económica. En España, el 20 por ciento con mayores
ingresos gana 7 veces más que el 20 por ciento con menos renta. Somos el tercer
país de la Unión Europea con reparto más desigual. En cambio, la pensión máxima
es 4 veces mayor que la mínima. Sin ser un buen indicador, es mucho menos
desigual que el reparto de la riqueza en general y el propio Gobierno puede
mejorarla sin intervención del mercado.
Lo que está en juego no es si los jubilados del futuro podrán
subsistir. Ninguna sociedad civilizada les dejaría morirse de hambre. Lo que se discute es si mantener un sistema
público de solidaridad y reparto equitativo, o que cada jubilado tenga la pensión que buenamente pueda aportarle
su familia (la rica mucho y la pobre casi nada) o haya ganado dinero suficiente
en el pasado para ahorrar.
De ahí que una amenaza al sistema público de pensiones no
sólo ponga en peligro el bienestar de los jubilados, sino que puede acabar con el
último baluarte para una sociedad más justa. Su sostenibilidad no puede
analizarse únicamente desde el interior del sistema de pensiones, sino desde la
capacidad de la sociedad para disponer de un sistema de reparto justo de la
riqueza.
Creo que no dice verdad, las pensiones se pusieron a partir de que el trabajador cotizase durante los años que propuso el gobierno, así que el que no cotiza no cobra y el que había cotizado cobraba, por tanto si yo coticé no tiene que pagar por mi ningún ningún trabajador yo tengo un dinero amortizado, otra cosa es que P.P. y P.S.O.E. que son los que han gobernado hayan tirado gastado o robado el dinero que yo pague para mi pensión.
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