"¿Por qué el coraje se demuestra imponiéndoles sacrificios a los más débiles y no pidiéndoles simples esfuerzos a los más poderosos?".
Antonio Gutierrez.*
Discurso ante el 6º Congreso de CCOO. 1996.
*Único diputado del Grupo Socialista que se ha opuesto a la reforma constitucional para prohibir el déficit.
Cambiar de opinión no es malo. Toda nuestra vida nos pasamos haciéndolo. Mantenemos una posición sobre algo y en ocasiones conocemos nuevos datos, escuchamos a otros, debatimos con ellos, reflexionamos y adoptamos otra posición. Esta virtud se trastoca sin embargo impostura cuando el cambio de opinión es súbito, mecánico y sólo busca satisfacer o acomodarse a la voluntad ajena. “Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros” parodiaba Groucho Marx. Eso es lo que creo que ha vuelto a ocurrir en el último “me cueste lo que me cueste” del presidente Zapatero. Me refiero a la reforma urgente de la Constitución para impedir el déficit público.
Asumir de súbito una opinión impuesta sin previo debate no es sólo una impostura, es un error, porque se da por bueno un principio sin haber analizado con los demás si es correcto, sin medir sus efectos. Especialmente cuando no se trata de una medida de coyuntura tomada con urgencia, sino de un principio que pretende perpetuarse.
¿Qué es impedir legalmente que haya déficit? En la formalidad es establecer que el Estado, las Comunidades Autónomas, y los ayuntamientos no puedan gastarse más de lo que ingresan. A esto se le pone unas ciertas salvaguardias: se permite un ligerísimo déficit en el caso del Estado y de las autonomías. Es un margen muy estrecho, cuya cifra no se fijará en la Constitución, sino que se pactará en una ley orgánica.
La mayor parte del gasto público va destinado a gasto social: pensiones, sanidad, ayuda a los parados y a los incapacitados, o a la educación. Son gastos que sólo una minoría de personas puede acometer por su cuenta. Otra parte importante se destina a construir obras públicas, imprescindibles para desarrollar el país.
Eso de que uno no pueda gastarse cada año más de lo que ingresa suena bien. Pero no es así como funcionan las cosas en el ámbito privado, y menos en el público. En la economía doméstica, pocas personas podrían tener un coche si en el año en que lo compran no gastasen más de lo que ingresasen. Por ello piden un préstamo y lo pagan a plazos. Y mucho menos podrían comprar una casa. En el mundo de los pequeños negocios, un comerciante no podría poner una tienda de ropa, emplear trabajadores y hacer dinero si no gastase más de lo que espera ganar el año de su inauguración y posiblemente los siguientes.
En el caso del Estado, las Comunidades Autónomas o los ayuntamientos ocurre algo parecido, pero los efectos se acentúan mucho más. Los ingresos del Estado no son independientes de sus gastos. Especialmente en los momentos de dificultades económicas. Es ahí cuando los ingresos del Estado, o de las autonomías, que no son otra cosa que la recaudación de impuestos, tienden a bajar: si la gente gana y gasta menos, pagará menos impuestos. La muestra es que de 2007 (año todavía de crecimiento) a 2009 (el peor año de la crisis) los ingresos del Estado disminuyeron un 36 por ciento. Más de lo que subieron los gastos, que lo hicieron en un 34 por ciento.
Y es que al mismo tiempo, los gastos del Estado tienden a subir, porque hay que pagar a los que han perdido el empleo. Y sobre todo porque el Estado deberá apoyar con su dinero la actividad económica alicaída, en un momento en que las empresas atraviesan dificultades y no se atreven a invertir. Si lo hace, el Estado recibirá a su vez más dinero por impuestos y con el paso del tiempo podrá sanear sus cuentas.
El Gobierno ha enunciado dos argumentos para justificar la prohibición constitucional del déficit (digo enunciado porque se ha limitado a darlos como titulares, sin explicación detallada en ningún caso).
El primero es que lo hace para evitar el castigo de los mercados a la economía española. Temía que tras las vacaciones volviese a dispararse la prima de riesgo (ese sobreprecio que debe pagar el Estado por pedir prestado dinero). Lo cierto es que desde mayo del año pasado tanto los gobiernos en peligro, como la Unión Europea no han parado de tomar medidas para acallar a los mercados: un recorte de gasto, un abaratamiento del despido, un programa de privatizaciones, e imposiciones de duras políticas a la población en los países más acosados por los mercados. Cada medida parecía la definitiva y sus efectos eran contraproducentes: el interés de la deuda de esos países subía y otros países más se unían al drama de los acosados. Pero el peor de esos efectos ha sido que esas economías han dejado de crecer o simplemente se han hundido más de lo que estaban.
El segundo argumento es que impidiendo constitucionalmente el déficit se trata de salvar el Estado de Bienestar. En España está ya muy limitado por ley el déficit del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos. Esa ley no ha impedido que se desatara la crisis y que con ella se disparara el déficit. Desde que comenzó la crisis esa ley es papel mojado. No podía ser de otro modo: ¿qué ley puede conseguir que la gente gane y consuma más para que el Estado recaude? ¿Sería bueno que el Estado hubiese dejado de pagar lo que debe a los acreedores, a las empresas y a los ciudadanos para cumplir los límites de déficit?
Las medidas que limitan la capacidad presupuestaria del Estado sólo pueden beneficiar a los que no precisan del mismo para cubrir sus necesidades en detrimento de los demás.
Si la medida, ahora constitucional, produce el indeseado efecto de las anteriores,…¿Qué vendrá después?
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